Uno de los méritos más importantes de la teoría clásica de la integración es el reconocimiento de que la unión de dos o más mercados no siempre produce bienestar. Para saber si un acuerdo estimula la creación de comercio o la discriminación de proveedores competitivos, Viner recomienda estimar el contenido anticompetitivo del aumento del flujo comercial de la agrupación.
Dependiendo de los niveles de protección, el aumento del comercio grupal puede deberse a una u otra de las siguientes causas: a) creación de comercio, ó b) desviación de comercio.
De este modelo resultan tres principales recomendaciones. La primera: un mercado regional caracterizado por la rivalidad de sus industrias es más deseable que una unión de economías complementarias sectorialmente. La segunda: señala la necesidad de que los acuerdos den cobertura a los vínculos comerciales más importantes a fin de aminorar el flujo potencialmente objeto de discriminación. La tercera: pide adoptar un arancel externo más bajo que el promedio arancelario anterior a la formación del acuerdo.
La teoría de las uniones aduaneras procede desde finales de los años de 1950 a una serie de ajustes. El primero atiende el problema de las variaciones en la demanda. El segundo desarrollo consiste en la introducción de la variable de costos decrecientes en la hipótesis de las economías de escala. El tercer ajuste se suscita con la inversión, variable que resulta tan importante como el intercambio de bienes para comprender la racionalidad del regionalismo. Otro desarrollo se propicia con la magnitud de los costos de transporte.
Esquemas regionales se clasifican en dos grupos: en uno prevalece la creación de comercio y en otro el índice de desviación es superior a los efectos competitivos del regionalismo. Bhagwati y Panagariya y Krueger afirman que las áreas de libre comercio constituyen potenciales amenazas al sistema de comercio mundial y el bienestar de los socios porque desvían el comercio y conducen a la formación de nuevos grupos de interés opuestos a la liberación multilateral.
El modelo gravitacional de Soloaga y Winters permite a los autores destacar tendencias pro-competitivas aunque las atribuye al efecto de la apertura unilateral. El modelo de equilibrio general computable de Robinson y Thierfelder sostiene que la creación de comercio “prevalece sobre la desviación de comercio” en una variedad de esquemas en el mundo.
Los métodos más utilizados en la investigación: el examen de admisibilidad ajustada, técnica derivada de las proyecciones económicas, se emplea para identificar la desviación de comercio mediante la comparación entre el crecimiento efectivo y el potencial, la desviación es la caída en la tasa de crecimiento del comercio efectivo, el índice de concentración simple divide la participación del comercio intra-grupo entre la participación del grupo en el comercio mundial. El índice de intensidad comercial compara la participación de las exportaciones de un país con las importaciones totales del país socio y las importaciones de terceros países. El índice de propensión al comercio compara la participación de un país en el comercio internacional y su participación en las importaciones de un país socio. Dos métodos tienen una notable sofisticación y ejercen mayor influencia entre los analistas. Primero, modelo de equilibrio general computable, se encarga de formalizar un amplio número de datos en torno a las relaciones económicas entre los sectores productivos, los factores de producción y varios mercados nacionales. Aquí la desviación se calcula a partir de un escenario de arancel cero y su diferencia con las nuevas predicciones. El segundo modelo, el gravitacional, supone que el comercio entre dos países es una función creciente de su ingreso y población, y una decreciente de la distancia entre los países. El común denominador de estos ejercicios es la cuantificación de la intensidad en el cambio de proveedores en años cercanos a la formación de los acuerdos. El contenido de esa intensidad esta dado por el PIB, la participación en las importaciones totales del país y el crecimiento esperado o un escenario óptimo.
Dificultades que debe enfrentar la determinación empírica de la creación-desviación de comercio es la incertidumbre en las evidencias empíricas.
*Tipo de cambio: los precios internacionales no solo responden a las variaciones en la estructura de costos de producción, sino al tipo de cambio. Las importaciones crecen en relación inversa al tipo de cambio real e influyen positivamente en el precio de todos los bienes importadores. El problema de ambos efectos, revaluación y devaluación, es que el cálculo de la desviación de comercio basado en el comercio intra-grupo no permite captar el vector cambiario de las reorientaciones comerciales.
*comportamiento diferencial de los sectores: las exportaciones latinoamericanas caen dentro de tres categorías principales: productos básicos sin elaborar, productos básicos elaborados y productos manufacturados. El aumento de la exportación representa más un fenómeno de transición de la competitividad nacional a la regional, que la desviación de los proveedores internacionales a favor de los regionales.
*Barreras no arancelarias: su operación asocia costos económicos y desgaste administrativo y no se distingue claramente del uso legítimo para preservar derechos laborales, medioambientales, estándares de calidad o defender la industria local frente a prácticas desleales.
De los 14 países que participan en las uniones aduaneras aquí estudiadas, solo 2 tienen experiencia en la investigación y la respuesta a las denuncias AD, Argentina y Brasil; en una posición intermedia se encuentran 4, y 8 países virtualmente desconocen su operación. En contraste, E.U.A, Canadá, Japón y la UE utilizan sistemáticamente las investigaciones AD con una lógica en el cálculo del “valor normal” que no pocos autores califican de neoproteccionista.
El estudio de la protección arancelaria, el más intuitivo de los indicadores para saber si un acuerdo contribuye o no a la desviación de comercio. Salvo si esta protección aumenta, no hay motivos para pensar que la estructura de precios de un mercado ampliado se modifique en un sentido distinto a la apertura no discriminatoria, ya que los consumidores apelan a una fuente de suministro más barata que el mercado nacional.
Entre 1985 y 1990, el índice de protección de los miembros de la ALADI pasa de 278 a 100, incluyendo una substancial reducción de las restricciones cuantitativas.
Varios de los métodos de cálculo convergen en la consideración de los cambios bruscos del comercio intra-grupo como el principal indicio de la desviación. Sin necesidad de repetir las técnicas estadísticas propuestas por los autores, es claro que a partir de 1990 el comercio interno crece en los tres esquemas estudiados. El incremento más elevado se registra en el MERCOSUR, seguido de la CAN, el MCCA.
Entre 1990 y 1996, los exportadores de otros continentes pierden 9.7% en el cono sur.
Entre 1981 y 1982 se inicia la crisis de la deuda prácticamente en todos los países de AL. El incremento registrado en la década de 1990 responde a una recuperación de vínculos previos, todavía incompleta en el caso del MCCA. En el MERCOSUR, las importaciones subregionales de Argentina y Brasil muestran una trayectoria similar, mientras que la paraguaya y uruguaya es más dispersa. También en la CAN la economía menor de la agrupación es Bolivia, registra una evolución diferente al resto.
En razón de su menor nivel de desarrollo industrial, AL como región registra uno de los niveles de independencia más bajos del mundo. En más de 5 décadas (1948-2000), el nivel de comercio intra-grupo latinoamericano ha sido claramente superior solo al de regiones como África y al medio Oriente. Por delante se encuentran Europa occidental, Norteamérica, Asia e incluso el desarticulado bloque socialista (Europa central, oriental y la comunidad de Estados Independientes, CEI), aunque con este último caso observa en 1993 un nivel prácticamente idéntico.
El coeficiente de correlación permite observar cómo se relacionan entre sí dos o más variables. Puede ser útil para validar nuestra presunción sobre la importancia de las externalidades. Los tres acuerdos latinoamericanos difieren en tres aspectos: la fecha de entrada en vigor de los tratados; la duración del periodo de transición, y las trayectorias comerciales de las pequeñas economías.
La dependencia fiscal frente a los impuestos al comercio exterior muestra la dificultad con la que se diseñan las políticas de liberalización en AL.
La correlación del comercio grupal del MCCA y la CAN durante 20 años muestra un elevado coeficiente de 0.9275. lo propio acontece con el coeficiente de las series del MERCOSUR y la CAN, 0.9265.
Las variaciones en el intercambio interno de las agrupaciones dependen en gran medida de variables extra grupo. La creación delos acuerdos no se encuentra entre las principales casualidades de la evolución del comercio intra-grupo.
La correlación carece de normatividad para el estudio del regionalismo. El requisito de apertura causal no solo alude a las variables extra grupo, sino a aquellas que, desbordando la disciplina de referencia, son importantes para la explicación del objeto de estudio.
Uno de los problemas de mayor trascendencia para el regionalismo latinoamericano son las consecuencias de la integración en disparidad, entre pequeñas, medianas y grandes economías.
La cabal comprensión de la integración en disparidad requiere la superación de las causalidades deterministas y los límites explicativos de la teoría económica.
Para la explicación de la incidencia de libre comercio sobre los países pequeños, la economía apela a un modelo estático compuesto de una economía pequeña (A), una grande (B) y dos bienes. Su planteamiento puede resumirse de la siguiente forma: la liberalización de las barreras al comercio recíproco conduce a que la estructura de precios de B determine la estructura de A. En razón de su mayor tamaño, B continúa fabricando la misma canasta de bienes y los precios permanecen inalterados, mientras que A debe ajustar sus costes de producción de manera más o menos importante, dependiendo de la profundidad de la brecha bilateral. Se entiende que luego de este proceso el equilibrio regional de los precios se restaura en un nivel más competitivo. En síntesis, la economía pequeña se beneficia de la liberalización del comercio en mayor medida que la economía grande.
El libre comercio en disparidad también favorece la inversión, la transferencia de tecnología y el aprendizaje industrial de las pequeñas economías. Si los procesos se dotan de mecanismos de integración profunda, tales como la coordinación macroeconómica, la movilidad de factores y la unión monetaria entre los países miembros, los beneficios crecen en tres direcciones: asignación más eficiente de recursos, aumento de la competitividad del mercado y de las transacciones comerciales. El aumento del comercio incrementa el PIB, vía el estímulo a la eficiencia, el cual a su vez, promueve la expansión del comercio.
Además del efecto devastador que puede tener una nueva estructura de costos industriales en los productores más pequeños, los incentivos al consumo de bienes importados determinan que en la 1afase del ajuste se generen desequilibrios externos y estos, a su vez conduzcan a la adopción de políticas de eficiencia temporal.
El nivel de desarrollo, aspecto que permite definir con mayor precisión los determinantes reales de la integración en disparidad. Aunque las conclusiones indican que el grado de preparación de los países pequeños no difiere de los medianos y mayores, se advierte en los primeros mayor vulnerabilidad comercial y macroeconómica. El estudio del IGE (1997), el cual observa que las economías pequeñas registran menores capacidades para hacer frente al comercio administrado en razón del mayor costo per cápita que tiene para estos la resolución de los litigios comerciales.
Que los acuerdos estipulen circunstancias cercanas al comercio administrado y no al pleno libre comercio se origina en la propia complejidad del proceso de liberalización.
En contraste en los niveles de protección arancelaria deja prever un proceso de liberalización dominado por el mayor esfuerzo latinoamericano.
La eliminación de las barreras no arancelarias representa el otro gran componente de toda liberalización comercial.
Quizá la limitación más importante de la conjetura clásica sea su exclusivismo teórico con inclusión de los fenómenos económicos y cuantificables, la integración representa la interacción de un conjunto de actores y factores cuyo rango o variedad de problemas desborda con creces el ámbito del mercado.
Según la noción clásica de este concepto, la mayor conexión y necesidad entre los países incrementa la sensibilidad de la agrupación por las dificultades de los socios con menores recursos.
La interdependencia fortalece la cooperación y debilita la política de beneficios relativos, tanto en el caso de las numerosas interacciones como en la relación de dos países.
El proceso de integración se ramifica y conduce a una estructura que, a su vez, estimula la adopción de políticas capaces de hacer frente a a las necesidades y desafíos de la desigualdad de los países socios.
*negociación en disparidad: la interdependencia en disparidad está íntimamente conectada con el debate sobre las diferentes capacidades negociadoras. La teoría de las negociaciones también presenta dos conceptos opuestos: a) para el influyente modelo de Nash los resultados de la negociación reflejan la diferencia en recursos de los participantes; b) según Nye y otros autores liberales, por el contrario, el desenlace no depende de esta diferencia en las capacidades negociadoras.
Una consecuencia general que arrojan las hipótesis es que las pretensiones predictivas de los modelos deben ser tomadas con cautela. La existencia de instrumentos de control disuelve en parte el antagonismo, si bien la mayoría de los trabajos no precisan las condiciones bajo las cuales la disparidad deja d influir decisivamente en las relaciones internacionales.
Los estudios existentes vinculan las disparidades económicas a la capacidad decisional y administrativa de un esquema. En su mayoría sostienen que la existencia de un núcleo fuerte facilita la toma de decisiones colectiva (Kindleberg 1973). La hipótesis se sustenta en la observación de que la economía internacional opera de manera más eficiente cuando un país o grupo de países son capaces de suministrar la liquidez necesaria para el sistema.
La economía mayor representa el ancla o la fuente de estabilidad para la gerencia de las tasas de cambio y la harmonización de políticas monetarias.
La gran mayoría de los esquemas carecen de cobertura estratégica y son más vulnerables a los riesgos de confrontación.
La disparidad representa una condición de pacificación, ya que inhibe los conflictos y allana la adopción de políticas alternativas. Las capacidades desiguales de los países se estructuran de manera jerárquica en un sistema de relaciones que delega las competencias estratégicas en uno o varios socios de mayor tamaño. De ahí resultan los órdenes integrados, donde la hegemonía se materializa mediante normas e instituciones.
Las relaciones interamericanas ofrecen abundante evidencia sobre la transición de uno a otro aspecto de la primacía estadounidense, de la política de consensos al intervencionismo activo.
La disparidad no es determinante ni para el aumento, ni para la disminución de los conflictos.
Conclusión: mayor sensibilidad ante las particularidades de la disparidad.
Regionalismo abierto: Reynolds, Thoumi y Wettmann (1993): “conjunto de mercados dinámicos, plenamente integrados a la economía internacional mediante la progresiva eliminación de las barreras al intercambio comercial, en conjunción con medidas vigorosas encaminadas a incrementar el acceso social al mercado.
El nuevo regionalismo prescribe la necesidad de combinar la liberalización de bienes, servicios y capital, con la armonización de los regímenes comerciales de los países miembros. La integración profunda (Lawrence, 1996) promueve la interdependencia regida por las fuerzas de la internacionalización y la subsiguiente reducción de la brecha entre las políticas nacionales. Cuatro son las políticas de esta estrategia: menores diferencias en estándares y sistemas de producción; estabilidad delos organismos gubernamentales; erradicación de barreras arancelarias y no arancelarias de los mercados importantes, y supresión alas trabas de comercio de servicios.
Hasta la década de 1970, el sistema general de preferencias (SGP) y sus concesiones comerciales no recíprocas, no el GATT, representan la principal referencia de la reglamentación del comercio entre países industrializados y en curso de desarrollo.
La Ronda de Uruguay aprobó en 1994 el entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV. Este convenio busca determinar la consistencia de los derechos aduaneros con base “en la evaluación general de las tasas de las tarifas medias ponderadas y delos derechos de aduana recaudados.
Los efectos de las zonas delibre comercio se consideran similares a la creación de una unión aduanera y en general menor performantes que esta última.
El país industrialmente diversificado, debe preferir la conformación de una unión aduanera dado que necesita proteger un mayor número de industrias. La unión aduanera constituye el principal referente del regionalismo en Europa y AL, donde se le atribuye la capacidad de “coordinar frente el resto del mundo la política comercial de los países asociados”.
Su lógica permite a los procesos transitar de la cooperación regional a la coordinación de políticas y de ésta a la fusión de instancias soberanas, donde “una conduce progresivamente a otra”.
Las dificultades de las uniones aduaneras latinoamericanas en la década de 1980, estimula la creación de zonas de libre comercio y su mayor autonomía conceptual.
La falta de igualación de los precios de los bienes importados (característica de la unión aduanera), incita una dinámica de competitividad que empuja los aranceles externos del país más protegido “hacia abajo”.
*Las etapas de la integración según el modelo Europeo
ETAPAS ESTÁNDAR | FASES INTERMEDIAS | TIPO | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS |
Área de libre comercio | Área preferencial | Comercial | Acuerdos comerciales no recíprocos. No postula el libre comercio. |
comercial | Eliminación de las barreras arancelarias y las restricciones cuantitativas al comercio de bienes. | ||
Unión aduanera | Unión aduanera imperfecta | comercial | Área de libre comercio dotada de arancel externo común parcial |
Comercial | Área delibre comercio dotada de un arancel externo común sin excepciones | ||
Proceso | De políticas | Creación de instancias unificadas para el comercio y las finanzas externas | |
De factores | Unión aduanera caracterizada por el libre movimiento de factores | ||
Mercado común | Mercado único | De factores | Mercado común y harmonización de políticas fiscales y monetarias |
Unión económica | Proceso | De políticas | Mercado único dotado de políticas económicas integradas en el nivel de moneda única. |
De políticas | Ampliación de la cobertura de las instituciones comunitarias | ||
Integración política | Total | Unión económica con instituciones supranacionales equivalentes a una federación |
En una zona de libre comercio, el país con las barreras más elevadas tiende a reducir los aranceles hacia terceros una vez que decae la influencia política de sus industrias de importación.
La zona de libre comercio reduce los riesgos de la desviación de comercio.
Las funciones tradicionales de las zonas de libre comercio se completan con la liberalización financiera, la incorporación de mecanismos de solución de controversias vinculante y acuerdos paralelos en materia medioambiental y laboral.
La densa institucionalidad que caracterizaba los esquemas bajo la antigua estrategia, cede en los años de 1990 a favor de mecanismos flexibles de carácter intergubernamental.
La competencia organizacional de uno y otro lado del Atlántico Norte incentivan en el sur la heterogeneidad de las formas de integración.
Se entiende que la homogeneidad en los niveles de desarrollo permite a cada país hacer concesiones a las importaciones esperando compensar su crecimiento por medio de mayores exportaciones.
Se propone como alternativa crear acuerdos con el mayor número posible de países a fin de elevar la cobertura preferencial del comercio efectivo.
Quizá el objetivo no declarado más importante del nuevo regionalismo haya sido la adaptación y respuesta de las políticas regionales a las reformas estructurales implementadas en AL desde finales dela década de 1980. El consenso de Washington, la privatización del sector público, la liberalización del comercio y del capital doméstico, además del tratamiento nacional a las inversiones extranjeras y del tipo de cambio más libre, representa el marco real de desenvolvimiento de las políticas regionales constituyen una pieza indispensabl en la comprensión de las dificultades de la integración formal.
La disciplina fiscal, quizá la más trascendental de las políticas macroeconómicas del modelo “hacia afuera”, tiene por meta tradicional reducir el déficit público para controlar el endeudamiento y los brotes de inflación. En la mayoría de los países, la deficiente recaudación fiscal impide el ahorro y provoca que el control del déficit se apoye en los ingresos de la privatización y en el flujo de inversiones productivas.
Una alternativa para reducir los niveles de dependencia arancelaria es la traducción delos impuestos directos en indirectos. Sin embargo, la mayoría de los países enfrenta la postergación de las reformas fiscales o estas han redundado en cambios menores.
Se considera básica para el despliegue de la reestructuración económica.
La administración privada responde mejor que la pública a la racionalidad económica y la búsqueda de competitividad de las empresas.
En varios casos, las empresas privatizadas originaron sus utilidades en el control de mercado y conforme a las provisiones clásicas, su influencia sobre los precios fue en desmedro del consumidor.
La teoría económica no garantiza que la eficiencia económica mejore en todo o parte como resultado de la privatización.
En Centroamérica y la zona Andina el posicionamiento de las multinacionales en ramas altamente exportadoras, hizo que la planificación productiva fuera sustituida por la estrategia de las casas matrices de mantener una estrecha sintonía con los precios internacionales relativos.
La consolidación de las prácticas transnacionales reduce los márgenes de maniobra para la aplicación de alternativas heterodoxas.
El otorgamiento de trato nacional a la IED se institucionaliza en la mayoría de los países de AL a partir de 1980.
La captación de la IED tiene por objetivo la reconversión productiva y el mayor acento en las ventas internacionales.
Es probable que los flujos de IED no respondan de manera sustantiva a las reformas estructurales y a las garantías de inversión foránea. Para sustanciar esta idea apelemos a la distribución de los flujos de IED según periodos y regiones.
Los niveles de desarrollo y no la profundidad en las reformas parecen jugar el papel primordial en el destino de los capitales.
Una estrategia regionalista efectiva necesitaría un cambio de criterios, capaz de considerar el encadenamiento productivo regional como una de sus opciones y no la exclusiva concentración productiva en las economías grandes de la región.
En el cambio fijo la decisión de devaluar la moneda está asociada a la promoción de la oferta exportable mediante el abaratamiento de los bienes productivos; el encarecimiento de las importaciones permite a su vez reequilibrar la balanza de pagos.
En el régimen flexible, la volatilidad y su consecuente incertidumbre impiden anticipar la intensidad y los efectos de las variaciones en el corto plazo.
Las principales alternativas de un mercado común giran en torno a las ventajas de la coordinación de políticas en el ámbito cambiario. Uno de los modelos que ofrece la teoría es la creación de una “zona objetivo” capaz de permitir la libre fluctuación de las monedas regionales en torno a una tasa de equilibrio.
Otro modelo de referencia es la unión monetaria. Su operación no tiene efectos positivos garantizados, ya que depende del grado de movilidad del trabajo, de la apertura económica recíproca y la diversificación industrial de una región.
La eliminación casi completa o completa de la conversión de monedas puede permitirle a AL la estabilidad cambiaria y mejores condiciones para el intercambio comercial y los flujos financieros.
La lógica es de tipo feed back: para recortar la volatilidad en la evolución del PIB es necesario proceder a la armonización de las políticas fiscales y monetarias regionales, aunque a medida que se cierra la brecha en los ciclos económicos, nuevas oportunidades se ofrecen al desarrollo de la coordinación monetaria.
El 13 de diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscriben el Trato General de Integración Centroamericana por el cual se crea el MCCA.
En el siglo XX, las cinco repúblicas aprueban el 9 de septiembre de 1921 la Constitución Política de la República de Centroamérica. Su capitulado retoma la mayoría de los objetivos de la Federación de 1824, en particular el establecimiento de una política exterior común, una moneda única y un banco central con la prerrogativa de emitir papel moneda.
Estas iniciativas se refuerzan con un instrumento político aún vigente, la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada el 14 de octubre de 1952.
La Carta fundacional hace explícito el componente identitario del unionismo centroamericano, en particular que los Estados del Istmo constituyen “partes disgregadas de una misma nación”.
El MCCA hasta la década perdida
El MCCA cuenta desde su creación con una estructura institucional que da amplia cobertura a las distintas facetas de su unión aduanera. El órgano superior directivo está a cargo del Consejo Económico, integrado por los ministros de Economía de cada país miembro; el Consejo Ejecutivo pretende imprimir eficacia decisional al esquema apoyándose en las políticas elaboradas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA); el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene por misión contribuir al financiamiento del desarrollo industrial equilibrado de los países miembros.
El principal objetivo del MCCA, la creación de un mercado ampliado, es previsto como la perfección automática de una zona de libre comercio y la adopción de un arancel externo común en cinco años.
Producto de la liberalización arancelaria y las facilitaciones monetarias, entre 1960 y 1965 el comercio intra-grupo registra una de las progresiones más destacadas de su historia: de sólo 33 millones de dólares pasa a 142 millones, un aumento de 430 por ciento.
El proceso de integración es sustituido por estrategias de alcance bilateral, lo cual anula los avances en materia de liberalización intra-grupo y definición del arancel externo común.
Reforma del esquema y desempeño exportador
El relance del MCCA toma lugar en 1991 mediante la adopción del protocolo de Tegucigalpa, a través del cual los gobiernos reforman la Carta de San Salvador, instrumento constitutivo de la ODECA. Sus líneas de acción disponen la reactivación del arancel externo común y la liberalización comercial.
El protocolo de Guatemala firmado en 1993, impulsa la práctica totalidad de los objetivos del Tratado General: los programas de libre comercio y de unión aduanera, la movilidad de factores, la integración monetaria y la estrategia de relaciones exteriores del esquema.
Disparidades intra-grupo
En su conjunto, estos indicadores muestran que la relativa paridad económica ya no constituye la principal característica del acuerdo más antiguo de AL.
Creación de la unión aduanera
Los miembros del MCCA perciben al tratado de Libre Comercio E.U.A.-Centroamérica (CAFTA) como una fuente de estímulo para la IED y la oportunidad de mejor acceso para sus productos de exportación más importantes, textiles y vestimenta. La creación del área de libre comercio prevé seis categorías de desgravación y dos no lineales, con un plazo máximo de 10 años y 10 de gracia. Las disposiciones iniciales del CAFTA permiten a Centroamérica la profundización de la integración zonal y el fortalecimiento jurídico de sus instrumentos.
Con el CAFTA, firmado el 28 de mayo de 2004, se completa la cobertura del comercio con Norteamérica.
Antecedentes
El Acuerdo de Cartagena es suscrito por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Su convenio firmado el 25 de mayo de 1969 se presenta como un proyecto subregional de la ALALC.
También son significativos los antecedentes históricos, empezando con la Gran Colombia, la unión de Colombia, Ecuador y Venezuela en una república centralista entre 1819 y 1839, así como la efímera Confederación Perú- Boliviana de 1836 a 1839.
La guerra del pacífico, la primera con propósitos de conquista territorial en Hispanoamérica, pone un alto a este movimiento unionista hasta mediados del s.XX.
Los antiguos miembros de la Gran Colombia firman el 29 de octubre de 1948 la Carta de Quito, cuyos estatutos incluyen el reconocimiento de la existencia de “vínculos especiales que unen entre sí a los estados hispanoamericanos por su comunidad de origen y cultura”. El documento da nacimiento a la Organización Económica Grancolombiana, uno de los antecedentes cercanos del Acuerdo de Cartagena.
El modelo Andino
Uno de los objetivos centrales del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino, la creación de unión aduanera, se compone de dos medidas: a) la liberación del intercambio comercial y b) la creación de un arancel externo común.
Entre sus disposiciones figura el Régimen Común de Tratamiento al Capital y Tecnología Extranjeros, en particular la Decisión 24 sobre la regulación de las inversiones extranjeras.
En el periodo 1970-1975, el Grupo Andino registra un incremento de 265% del comercio total y una progresión más importante aun de las transacciones comerciales intra-grupo, 444%.
El siguiente lustro (1975-1980) registra un dinamismo similar en el comercio total, 213%, e intra-grupo, 223%.
Reforma del acuerdo
El Protocolo de Quito de 1987 primeramente acerca las disposiciones de los países en torno a las líneas generales a seguir; en la Reunión de Galápagos de 1989 los países adoptan el Diseño para la reorientación del Grupo Andino; el Acta de la Paz de 1990 acuerda la aceleración de los calendarios para conformar la zona de libre comercio andina, y el Acta de Barahona de 1991 anuncia la puesta en marcha de la zona de libre comercio a partir de 1992.
En 1995, el Acta de Quito establece las directrices de la reforma institucional del acuerdo, definidas con mayor precisión en el Acta de Trujillo.
La Secretaría General, creada en 1997, hereda el carácter ejecutivo de la Junta del Acuerdo de Cartagena y sus funciones de administración del proceso andino, supervisión del cumplimiento de los compromisos y elaboración de Decisiones. El Tribunal de Justicia, vigente desde 1985 tiene jurisdicción territorial en los cinco países.
Creación de la unión aduanera
En 1995 y como respuesta al anuncio del ALCA en la Cumbre de las Américas de Miami, los países miembros acuerdan la conformación de un mercado común antes del 2005. Para ello se adopta un proceso escalonado que incluye la perfección de la zona de libre comercio, la creación de la unión aduanera, la libre movilidad del capital y el trabajo, así como la definición de posiciones negociadoras comunes en foros internacionales.
Estrechez del mercado
Gran parte de estas dificultades en el desarrollo del modelo andino se deriva del hecho que la CAN representa un interés secundario para la mayoría de sus miembros, visible en la importancia adquirida por los mercados externos.
El MERCOSUR representa para la mayoría (de la subregión) una oportunidad más clara y accesible que el propio mercado común originado en el Acuerdo de Cartagena.
Las menores dimensiones económicas se combinan con la inhabilidad para mantener flujos estables de inversión.
Antecedentes
El Tratado de Asunción, mediante el cual se instituye el Mercado Común del Sur, fue suscrito el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El Tratado de Montevideo de 1960 comprende al conjunto de los países de AL con excepción de Centroamérica, organizado bajo un tratado diferente. La forma de integración propuesta, es una zona de libre comercio perfectible en el plazo de 10 años en el caso de las economías grandes, y 12 años en las economías pequeñas. Los siguientes pasos lo conforman el Tratado de la Cuenca del Plata de 1969 y el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, en los hechos un conjunto de proyectos de desarrollo fronterizo y de aprovechamiento de los recursos naturales de ambas zonas.
Características y desempeño del MERCOSUR
A su creación, el MERCOSUR adopta una estrategia desarrollista que ve en el crecimiento de los mercados una condición para la integración y el desarrollo económico con justicia y equidad social.
El programa de liberalización se basa en una serie de reducciones arancelarias escalonadas de 1991 al 31 de diciembre de 1994.
Una política importante del Tratado de Asunción es la coordinación de políticas macroeconómicas, con un avance gradual en función con el establecimiento de la zona de libre comercio y la unión aduanera. Para la ejecución y administración del esquema se crean dos instancias: el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo Mercado Común (GMC).
El protocolo de Ouro Preto busca resolver el 17 de diciembre de 1994 los problemas que se derivan de la escasa institucionalidad del proceso subregional.
El MERCOSUR logra avances significativos en su primer lustro de vida en materia de liberalización automática y lineal. Ya en 1995 cubre a gran parte de los bienes y servicios de la agrupación. Favorecidas por la intensificación de las transacciones entre Brasil y Argentina
El comercio intra-grupo pasa de 8.8% en 1990 a 20.5 en el 2000, luego se desploma a 11.9% en 2003 como resultado de las crisis financieras del Brasil y la Argentina.
Creación de la unión aduanera
El Protocolo de Ouro Preto propuso priorizar la "consolidación" del AEC mediante una estructura arancelaria distributiva entre 0% y 20% a partir del primero de enero de 1995.
La inestabilidad económica del núcleo de la agrupación ocasiona el empleo unilateral de barreras comerciales, el debilitamiento del AEC mediante la ampliación de las listas de excepciones y el recurso a las reglas de origen para controlar el efecto de las cada vez más diferentes políticas comerciales hacia terceros países.
La crisis de la Argentina de 2001-2002 agrava la situación mediante nuevas involuciones del AEC; un nivel de volatilidad cambiaria que se combina con la fuga de capitales, el recurso a barreras comerciales intra-grupo y el deterioro del conjunto de las economías de la agrupación.
El área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA) fue propuesto por el MERCOSUR a los países de la CAN a finales de 1995.
Además de las iniciativas grupales y separadas, una tercera categoria se refiere al conjunto de proyectos incluidos en la Iniciativa para la Intgración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y aprobada en 2000.
La resolución 59 del XIII Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de diciembre de 2004 aprueba el Tratado de Complementación Económica entre la Comunidad Andina, el MERCOSUR y Chile.
La ALADI, su principal marco institucional, representa sobre todo un espacio de preferencias bilaterales y plurilaterales que carece de competencias para hacer acatar sus compromisos.
El área de libre comercio de las Américas
El ALCA representa una opción inédita por sus dimensiones, un mercado de aproximadamente 800 millones de consumidores, el mayor del mundo.
29 naciones de 34 contribuyen con menos de 1% al PIB hemisférico, mientras que 2 de ellos,
E.U.A y Canadá engloban el 85%
Evolución de la propuesta hemisférica
E.U.A firma varios acuerdos marco con países de AL destinados a preparar negociaciones formales de un acuerdo hemisférico. La primera materialización del proyecto son los créditos IA, otorgados al financiamiento de la deuda externa de Bolivia, Colombia y Chile. La segunda es la creación del primer tratado de libre comercio norte – sur del hemisferio, el TLCAN.
En diciembre de 1994 aprueba en el plan de acción de la cumbre de las Américas.
Elegibilidad estadounidense
E.U.A plantea varias condiciones para la realización de acuerdos de libre comercio. Las principales listas de requisitos se incluyen en la sección 202 de H.R. 553 y en el anexo 4 del memorando interdepartamental política comercial hacia Latinoamérica después del TLCAN del 22 de noviembre de 1993, ampliamente difundido en vísperas de la entrada en vigencia de este último tratado.
El formato de las negociaciones
Un año antes del inicio de las negociaciones formales Brasil (MERCOSUR); Canadá, E.U.A y Jamaica (CARICOM) presentan propuestas sobre los calendarios y la conformación de las comisiones negociadoras. La matriz resultante es el primer documento de trabajo para la definición de las bases negociadoras del ALCA.
Las negociaciones formales inician en 1998.
Bilateralismo implícito
Las comisiones negociadoras, promueven con su dinámica el bilateralismo implícito con E.U.A. El intercambio de concesiones comerciales persigue 2 objetivos: mejorar el acceso al mercado estadounidense y la apertura de lo mercados latinoamericanos a las exportaciones de E.U.A.
La integración hemisférica se logrará sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes.
IV operación de las preferencias y comercio administrado
La principal modalidad de superación de las preferencias grupales han sido los acuerdos de alcance bilateral. Cabe precisar que esta política precede la creación de los acuerdos de integración, aunque a partir de 1960 se ha renovado periódicamente hasta adquirir con el tratado bilateral Argentina - Brasil, el ALCCEU y los tratados de libre comercio inspirados en el TLCAN, el carácter de programas de integración.
Los acuerdos anteriores a la ALALC se caracterizan por su incompatibilidad, basados en nomenclaturas ad hoc o referencias globales a los productos beneficiarios de las preferencias. A partir de 1960 el universo temático y la profundidad de los acuerdos bilaterales adquieren un mayor grado de estandarización, aunque siempre reflejando las políticas y prioridades económicas individuales de cada país.
Categorías de los acuerdos
Con la creación de la ALADI en 1980 se inicia el bilateralismo de estructura compatibilizada, más flexible en sus objetivos conforme a su identidad como acuerdo preferencial por primera vez aceptado dentro del GATT. Entre 1980 y 1985 se firman 30 acuerdos de renegociación del patrimonio histórico de la ALALC y 2 ACE bajo la denominación genérica de acuerdos de primera generación (APG).
Junto con los esfuerzos de recuperación económica, los miembros de la ALADI firman, entre 1985 y 1990, 44 acuerdos bilaterales de segunda generación (ASG).
El último desarrollo de estas alianzas interviene en la década de 1990, pródiga en acuerdos comerciales. 16 acuerdos de tercera generación (ATG) se firman en el seno de la ALADI utilizando una serie de formatos que buscan el perfeccionamiento de los convenios comerciales.
La justificación teórica de los acuerdos creados en 1990 suele enmarcarse dentro del regionalismo abierto, oficial en gran parte de AL desde la Cumbre Iberoamericana celebrada en junio de 1994. Sin embargo, su frecuente cobertura bilateral no cabe en ninguna de las definiciones de esta doctrina y se contrapone a su expresa recomendación de superar las alianzas binacionales.
El elevado crecimiento del comercio exterior mexicano justifica la estrategia mexicana de inserción a la economía internacional a través de acuerdos de libre comercio, en particular el TLCAN. A raíz de su implementación, las ventas internacionales de este país pasan de 52 mil millones de dólares en 1993 a 175 mil millones en 2003, posicionándolo entre los principales 10 exportadores del mundo.
El éxito exportador se compone de diversos elementos, no todos benéficos. Uno de ellos es la concentración en un solo mercado.
La concentración bilateral ha promovido en México la creación de incentivos a la diversificación de mercados, en particular mediante acuerdos comerciales.
Para revertir éste fenómeno, las estrategias productivas nacionales deberían afectar su propia estructura en función de mercados alternativos, proceso que no pueden realizar los acuerdos por sí mismos.
Las zonas d e libre comercio aplican las preferencias pactadas exclusivamente a los bienes elaborados en los países miembros. Su finalidad, impedir la triangulación comercial, se logra mediante la instrumentación de reglas de origen propias, no extensibles a ningún otro acuerdo.
A menor cobertura geográfica de los acuerdos le corresponde un grado de atomización mayor del mercado internacional.
Medición del origen de una mercancía
Para facilitar la exposición se consideran los métodos más utilizados por los acuerdos, el cambio en la clasificación arancelaria (CCA) y el contenido regional (CR).
El primero consiste en el salto de un capítulo o partida del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (SA) a otro según las determinaciones del acuerdo.
Si la mercancía no cumple con el CCA se permite al exportador la utilización del CR. Su cálculo se puede basar en el valor de transacción o en el coste neto.
Desde una perspectiva general la relación de estos métodos puede verse como un flujo grama de opciones simples y lineales.
La fragmentación del acceso a mercados preferenciales no depende exclusivamente de la cobertura geográfica de los acuerdos, sino también de la variedad de reglas específicas.
La atomización de las condiciones de acceso puede ser multiplicada por la variedad de productos del mismo rubro que caben en RO distintas.
El proceso originario en su conjunto le genera a las empresas una serie de gastos que incluyen: a) la contratación de personal específico para el contacto con las autoridades competentes; b) monitorear precios e insumos; c) la ocasional contratación de peritos en derecho aduanal; d) contratar asesorías que permiten el diseño de estrategias para preservar los intereses de la industria en la negociación; e) otros costos que resultan de la múltiple membrecía.
El único factor que permite la reducción del coste es la capacidad gerencial de las empresas aunque esta tiene el límite (L) determinado por la irreductibilidad de algunas tareas.
La múltiple membrecía representa un esquema distinto a la suma de los acuerdos o a la acumulación de los beneficios en los términos de la liberalización que aporta cada uno.
La abundancia de acuerdos sesga las previsiones teóricas sobre el comportamiento económico de los sistemas “eje-rayos” y pone de relieve la dimensión administrativa de las numerosas participaciones.
Los significados que tiene la múltiple membrecía para la cabal comprensión del complejo efecto de las reglas de origen.
Las medidas antidumping (AD) están sujetas a un proceso político-legal calificado frecuentemente de arbitrario.
El diseño de las alternativas toma como punto de referencia el capítulo sobre subsidios antidumping y derechos compensatorios (SADC) del tercer borrador del ALCA.
Desde la perspectiva latinoamericana, dos foros interconectados presentan interés para la reforma de las AD.
La definición del dumping refiere el caso cuando el precio del producto que se va a exportar es mayor a su precio de venta en el mercado de exportación.
La historia de las AD se remonta a 1904, cuando Canadá adopta la primera legislación antidumping en el mundo con objeto de contener las importaciones de acero prevenientes de E.U.A.
La ronda Kennedy del GATT
Al momento de crear el GATT en 1947 la negociación del art. VI tuvo como modelo el acta estadounidense de 1921.
La nueva legislación estadounidense y la Ronda Tokio
Entre la Ronda de Tokio y la Ronda Uruguay E.U.A implementa 3 normativas, más con el fin de reforzar la protección a sus empresas: al acta de acuerdos comerciales de 1979; el acta de comercio y aranceles de 1984; y el acta del comercio y competitividad ómnibus de 1988.
La Ronda Uruguay
Busca resolver las distorsiones que presenta el uso intensivo de las AD en el comercio internacional, sobre todo en materia de determinación del dumping y la de discrecionalidad con la que se inician las investigaciones.
Los cambios previstos en el anexo II del acuerdo buscan hacer más difícil el que las autoridades que establezcan la falta de cooperación de las empresas investigadas, estimular el uso de la información legítima provista por estas y limitar el uso de la información local (GATT 1995).
Razones por las cuales se recomienda la preservación de las legislaciones AD: la primera señala que la autoridad comercial puede corregir las restricciones anticompetitivas en el mercado nacional; la segunda, la venta de un producto a precios inferiores a los costos de producción puede agotar los recursos de la empresa si no beneficia de apoyos gubernamentales; la tercera afirma que es posible conocer en detalle las estrategias anticompetitivas en el mercado nacional; la cuarta, los competidores encuentran localmente circunstancias iguales n materia de costos de capital, leyes y regulaciones sobre las inversiones lo cual no ocurre en el ámbito internacional donde varían de país a país.
Las AD son imprescindibles para corregir el comportamiento “dañino” de algunos exportadores.
La hipótesis económica del dumping se basa en la formalización de los principales datos del fenómeno de discriminación de precios. El modelo tradicional considera una relación de intercambio comercial compuesta de una empresa monopolista (E) y 2 mercados segmentados, uno nacional (Mn) y el otro de exportación (Me).
La ausencia de efectos negativos en el dumping desliza el problema económico hacia las distorsiones que generan las leyes de remedio comercial. Un primer elemento revelador de la naturaleza de las AD es su función de sustituto de los aranceles en el control de los flujos comerciales.
El problema para el análisis económico de las AD es que sus costos no se limitan a los derechos que deben erogar la empresa responsable de dumping, sino que provienen de una variedad de fuentes, referidas en la sección subsiguiente.
En agosto de 2004, E.U.A mantenía abiertas 37 investigaciones antidumping contra las importaciones latinoamericanas: 14 dirigidas a productos brasileños, 10 contra productos mexicanos, 6 contra argentinos, 1 contra las ventas de Chile y también una en el caso de Venezuela.
Se entiende que el resultado final de las investigaciones puede ser: afirmativo, cuando se determina la existencia de dumping y se establece su margen con los correspondientes derechos; negativo, sino encuentra dumping, y suspensión, cuando las empresas llegan a un acuerdo directo y deciden retirarse del proceso.
El hecho de la elección del método para determinar el dumping esté a discreción de la autoridad correspondiente y de que la empresa afectada no pueda anticipar el resultado de la investigación, orienta esta última en el sentido de incrementar el precio de sus productos para evitar márgenes elevados de dumping.
Las investigaciones antidumping también tienen efectos costosos para el país donde se inicia el caso.
El estudio más completo sobre su impacto en la economía estadounidense es elaborado por la comisión de comercio internacional. Otro costo para E.U.A resulta de su contribución a la propagación de las investigaciones
AD.
De manera conexa, la existencia de un candado negociador: la autoridad de promoción comercial fue aprobada en el 2001 con un recorte que impide al ejecutivo negociar las leyes de remedio comercial.
Aunque la solución óptima es la sustitución de las AD por políticas de competencia, los obstáculos que encuentra esta alternativa conducen a considerar políticas menos benéficas enmarcadas en la estructura de corte mediano plazo de las negociaciones hemisféricas y multilaterales.
